Los obispos de la Conferencia Episcopal Panameña (CEP), al concluir la segunda Asamblea Anual Ordinaria, número 219, desarrollada del lunes 3 al viernes 7 de julio de 2023, en el marco de la realidad que está viviendo el pueblo panameño, en especial las comunidades empobrecidas y sus expectativas de un futuro mejor, nos dirigimos a todos los panameños y panameñas.
En Panamá vivimos la paradoja de haber experimentado, en los últimos años, el crecimiento económico más significativo de América Latina, incluso después del COVID-19, pero no se refleja en una mejor calidad en los servicios de salud, educación, seguridad alimentaria, seguridad ciudadana y seguridad social, cuya crisis está afectando a cientos de jubilados y pensionados.
¿De qué sirve el crecimiento económico, si no genera una mayor justicia social, si no se genera un verdadero desarrollo, que tenga como centro la persona y el bien común? Este es, sin duda, el talón de Aquiles del actual modelo de crecimiento del país, que ha generado mucha desigualdad y se muestra incapaz de incluir a las grandes mayorías en sus beneficios.
Ante el tema minero, nos sorprende que diversos Gobiernos de la República hayan otorgado licencias de exploración y explotación mineras en diversas regiones del país, sin haber realizado consultas efectivas con la sociedad y, especialmente, con las poblaciones directamente afectadas. La decisión de convertir a Panamá en un país minero -según la opinión de personas y organismos entendidos en la materia- compromete ese futuro con graves riesgos para el medio ambiente, para la vida y salud de los panameños y para la soberanía nacional.
El año pasado, nuestra Conferencia Episcopal junto con La Red Eclesial Ecológica Mesoamericana (REMAM) – Capítulo de Panamá, manifestamos nuestra preocupación por los posibles daños que la minería de metales a cielo abierto podría causar a la vida, a la salud, al deterioro ecológico y a la contaminación de las aguas. Pues, por encima de los beneficios económicos que puedan reportar estos proyectos, nos interesa cómo quedarán las personas, las poblaciones afectadas y el país en general. La contaminación o destrucción del ambiente son fruto de “una visión reductiva y antinatural que configura a veces un verdadero y propio desprecio del hombre” (Juan Pablo II, Pastores gregis, 70).
Sobre el contrato del Estado con Minera Panamá, a pesar del proceso ya cumplido, existen justificadas inconformidades de las comunidades, organizaciones y líderes ambientales que han advertido de los efectos dañinos para la salud de las personas y el medio ambiente. Es indiscutible que, para los contratos mineros, el Estado panameño debe respetar el marco constitucional y las normas internacionales que han firmado, relativas a la protección de los recursos naturales.
Exhortamos, respetuosamente, a las autoridades respectivas a que no den más concesiones de licencias de exploración minera hasta que la actual ley de minería sea revisada y reformada. La minería es un asunto de interés público y prioritario, en la que todos tenemos responsabilidad, pero particularmente las autoridades en la toma de decisiones, considerando su impacto en las futuras generaciones y nuestra Madre Tierra. No escuchar el clamor del pueblo, para avanzar en proyectos mineros que amenazan las fuentes de agua, la vida y el futuro de Panamá, es un grave error.
Los ciudadanos, y en particular los cristianos, tenemos el poder de ponerle un alto a estas prácticas y transformar la realidad. Estamos convencidos de que la actuación e incidencia de los cristianos en los ámbitos de la economía y la política para “fomentar la promoción de una economía solidaria y sostenible-sustentable como alternativa ética, que debe estar al servicio de la vida, frente a la economía dominante que mata, que sigue solamente el mercado, produce descartados, depreda la casa común y solo busca la acumulación” (Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe No. 345).
Empecemos derrumbando aquellas murallas que nos separan y no nos permiten ver todo lo que nos une. Los cristianos no podemos ser indiferentes, dejando que el mundo siga su paso, arrollando a los débiles, a los indefensos, a los más empobrecidos, sin que hagamos lo que nos corresponde como ciudadanos y desde nuestra fe. A partir de ahora, comencemos a prepararnos para participar con responsabilidad, visión crítica y constructiva en los procesos sociales y electorales de manera informada y siendo vigilantes para que se realicen con transparencia e integridad.
Llegamos nuevamente al ambiente político electoral, con las mismas nefastas prácticas clientelistas, de denuncias de corrupción, de despilfarro de fondos públicos, de mal uso de los recursos del Estado para favorecer actividades político-partidistas y el excesivo dinero en las campañas. Pareciese que no tenemos esperanzas en transformar esta realidad, pero no es así.
Nuestro propósito como Iglesia en las próximas elecciones, es promover la adopción de criterios y compromisos éticos, con la participación de los ciudadanos. En un contexto complejo y donde “se vuelve necesaria una educación que enseñe a pensar críticamente y que ofrezca un camino de maduración en valores” (EG. Nº 64).
Por ello, consciente de que el ejercicio de la democracia trasciende el acto electoral, la Iglesia Católica se compromete a desarrollar espacios de formación ciudadana sobre la Ética de la política para que los laicos participen desde una actitud de servicio. También asumirá nuevamente, a través de la Comisión de Justicia y Paz, la responsabilidad de la observación electoral para las elecciones de mayo del 2024.
Los ciudadanos, a la hora de elegir entre los candidatos a puestos de elección popular, debemos tener criterios para discernir, como ver: hoja de vida y familiar, planes realistas, promesas de campañas, fuentes de financiamiento, descartar a candidatos corruptos, verificar el compromiso por la defensa integral de la vida y el cuidado de la Creación. No permitamos que la actividad política sea capturada por quienes solo se preocupan por sus propios intereses y su facción.
Sabemos que las cosas pueden cambiar (LS 13). Panamá es un país noble, con una vocación de servicio. Tengamos presente lo que subraya el Santo Padre Francisco: “la solidaridad, la cooperación y la responsabilidad son las tres piedras angulares de la Doctrina Social de la Iglesia», que ve a la persona humana, «como la cumbre de la creación y el centro del orden social, económico y político», combatiendo el individualismo y promoviendo el bien común. (Audiencia del 23 de octubre de 2021).
Hay que rectificar el rumbo y trabajar con pasión y dedicación. Sigamos adelante con esperanza y confianza en lo que somos capaces de construir para un mejor Panamá.
Nuestra esperanza es la juventud, tomada de la mano de nuestros ancianos y abuelos visionarios, porque Dios tiene un proyecto para nosotros, y ese proyecto será el que permitirá que transformemos la Iglesia y el mundo.
En continuidad con la experiencia vivida en Panamá del encuentro juvenil con el Papa Francisco del 2019, hemos hecho el envío de la delegación oficial que nos representará en la Jornada Mundial de la Juventud Lisboa 2023, a realizarse del 1 al 6 de agosto, bajo el lema “María se levantó y partió sin demora” (Lc 1, 39). Y regresaremos, como la Virgen, presurosos para servir y caminar en solidaridad con el rostro joven de la Iglesia, en las periferias existenciales y geográficas de nuestro país, para hacer la revolución del amor.
Panamá, 7 de julio 2023
